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La presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior, Delsa Solórzano, aseguró que la Asamblea Nacional (AN), ha contribuido con el informe que la Organización de Estados Americanos (OEA) entregó a la Comisión Penal Internacional (CPI).

En el documento “está evidenciado el abuso ejecutado por 11 funcionarios involucrados, entre ellos Nicolás Maduro y 131 asesinatos comprobados entre 2014 y 2017″, informó Solorzano y de esa forma recordó que no existen privilegios a la hora de enjuiciamiento, según el artículo 27 del Estatuto de Roma, señala que no existen privilegios ni inmunidades al igual que el 29, ordena que los delitos no prescriben.

Delsa Solórzano, indicó que en el documento presentado por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, están reflejadas las 8292 ejecuciones judiciales, “incluyendo la de Oscar Pérez en enero de 2018, 12 mil detenciones, 1300 presos políticos desde 2013 y “en este momento aún se mantinen privados de libertad 417, todo esto se ha hecho de forma sistemática y generalizada”.

“Es por ello que dando cumplimiento al artículo 54 del Estatuto de Roma, no se le puede prohibir la entrada a Venezuela a la Fiscal de la Corte Penal internacional, Fatou Bensouda, quien debe investigar las acusaciones presentadas y sustentadas”, y “esperamos que pronto la justicia internacional proceda contra los que han causado daños a la nación” recalcó Solórzano.

La diputada recordó que los delitos ordenados por el Ejecutivo no sólo se han basado en presos políticos y persecución, “también está su protagonismo en la crisis humanitaria que enfrenta Venezuela y que autoridades venezolanas han incurrido al negar la situación y posibles soluciones para combatir la problemática”.

Con información de nota de prensa|Ariana Revollo